Durante los años de Universidad estudié algo de derecho administrativo (vivía Franco aún). Más tarde me leí la Constitución Española que voté a favor en referéndum. Y desde entonces tuve claro que una cosa son las responsabilidades políticas (meter la pata) y otra las responsabilidades penales (meter la mano) para con nuestros representantes públicos.
Las primeras, las responsabilidades políticas, se dirimen en el Parlamento correspondiente, bien con dimisiones, ceses, comisiones de investigación, y/o con el castigo del cuerpo electoral en sucesivas consultas electorales. Las segundas, las responsabilidades penales, las dirime el poder judicial, poder que debe ser independiente del político y al que guiará siempre el principio de la ley para todos sea quien sea el autor del presunto delito, un delito que un juez instruirá y un tribunal dictará sentencia.
Pues bien, en España, desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo, muchos jueces instructores han intentado suplir las presuntas responsabilidades políticas por presuntas responsabilidades penales, jugando a ser estrellas ante los políticos de su cuerda sentimental y estrellándose ante el deber de respetar los procesos en un estado de derecho como el que nos dimos en España después de tantos años de dictadura. Y ya va siendo hora de que estos jueces estrellas y estrellados una y otra vez contra la legalidad salgan del escenario de la judicatura; de lo contrario, la actividad política va a ser considerada de alto riesgo, lo que lleva implícito la renuncia de los mejores a representarnos como cargos públicos, volviendo a sembrar la idea de que todo el que llega es porque tiene poder y apoyo para soportar lo que le puede venir encima a la mínima equivocación política, que no penal.
Como también va siendo hora ya de dotar a la justicia de los medios necesarios para que los procesos de instrucción no sean interminables en el tiempo.
Las primeras, las responsabilidades políticas, se dirimen en el Parlamento correspondiente, bien con dimisiones, ceses, comisiones de investigación, y/o con el castigo del cuerpo electoral en sucesivas consultas electorales. Las segundas, las responsabilidades penales, las dirime el poder judicial, poder que debe ser independiente del político y al que guiará siempre el principio de la ley para todos sea quien sea el autor del presunto delito, un delito que un juez instruirá y un tribunal dictará sentencia.
Pues bien, en España, desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo, muchos jueces instructores han intentado suplir las presuntas responsabilidades políticas por presuntas responsabilidades penales, jugando a ser estrellas ante los políticos de su cuerda sentimental y estrellándose ante el deber de respetar los procesos en un estado de derecho como el que nos dimos en España después de tantos años de dictadura. Y ya va siendo hora de que estos jueces estrellas y estrellados una y otra vez contra la legalidad salgan del escenario de la judicatura; de lo contrario, la actividad política va a ser considerada de alto riesgo, lo que lleva implícito la renuncia de los mejores a representarnos como cargos públicos, volviendo a sembrar la idea de que todo el que llega es porque tiene poder y apoyo para soportar lo que le puede venir encima a la mínima equivocación política, que no penal.
Como también va siendo hora ya de dotar a la justicia de los medios necesarios para que los procesos de instrucción no sean interminables en el tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios